Asilo y Arraigo Laboral

El “arraigo laboral” es una figura que se ha utilizado poco como forma de conseguir a la residencia porque obligaba a llevar en España dos años como mínimo y haber mantenido unas relaciones laborales de, por lo menos, seis meses de duración, acreditada mediante resolución judicial o acta de conciliación en vía judicial; o mediante resolución administrativa confirmatoria del acta de infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social; y todo esto era difícil conseguir.

“36.8. Residencia por circunstancias excepcionales habilitadas para trabajar

36.8.1. Arraigo laboral

Podrán obtener esta autorización de residencia, que habilita para trabajar, los extranjeros que acrediten la permanencia continuada en España durante un periodo mínimo de dos años […/…] y que demuestren la existencia de relaciones laborales cuya duración no sea inferior a seis meses.

[…/…]

En el caso de las relaciones de trabajo regulares, las Oficinas de Extranjería verificarán de oficio los datos pertinentes obrantes en los ficheros de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Cuando se trate de relaciones laborales irregulares se considerarán en todos los casos como suficientemente acreditadas aquellas en las que exista una resolución judicial o resolución administrativa confirmatoria del acta de infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En estos casos, será también prueba especialmente cualificada el acta de conciliación.

[…/…]”

Ministerio de Trabajo y Economía Social

Varias sentencias del Tribunal Supremo de 2021, que reconocían otras formas de acreditar esas relaciones laborales sin necesidad de que mediase resolución judicial o administrativa, y la modificación del Reglamento de Extranjería de 2022, permitieron que se pudiesen conceder miles de autorizaciones por arraigo laboral, sobre todo a los solicitantes de asilo con resolución denegatoria.

Pero, ahora, tras la sentencia 414/2024 del Tribunal Supremo, el ciudadano extranjero que está en proceso de Asilo o, incluso, cuando se le ha denegado ese Asilo y está en vía de recurso, se encuentra en una situación de permanencia legal en España y no puede, por tanto, acceder a un Arraigo Laboral dado que, de permitírselo, se estaría vulnerando la directiva comunitaria de Asilo.

La Directiva de Asilo establece que no se trata de una situación de residencia legal ni tan siquiera de estancia legal del solicitante, únicamente una situación de «permanencia» para garantizar la finalización de ese procedimiento de Asilo.

«La situación de mera permanencia y trabajo en España a los solicitantes de Asilo, que le fueran denegada dicha petición y la impugnase en vía administrativa y jurisdiccional, no puede servir para adquirir la residencia por Arraigo Laboral.» 

A partir de esta sentencia, pues, se denegarán aquellos Arraigos Laborales que se hayan solicitado por parte de personas solicitantes de Asilo, ya lo tengan en trámite o haya sido denegado.

Es importante tener en cuenta, además, que no contaran ni las cotizaciones que se hayan producido durante el trámite de Asilo ni las que se hayan producido durante recurso tras la denegación de dicho Asilo.

SENTENCIA DEL TS DE 24 DE ENERO DE 2024. LA SITUACION PARTICULAR EN LA QUE SE ENCUENTRA UN SOLICITANTE DE ASILO QUE ESTÁ RECURRIENDO LA DECISIÓN NO PERMITE ACCEDER A UNA AUTORIZACIÓN POR RESIDENCIA POR CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES POR RAZÓN DE ARRAIGO LABORAL ¿O QUIZÁS TODAS?

Roj: STS 414/2024 – ECLI:ES:TS:2024:414
Id Cendoj:28079130052024100007
Fecha:24/01/2024
Nº de Recurso:8727/2022
Nº de Resolución:103/2024
Procedimiento: Recurso de Casación Contencioso-Administrativo (L.O. 7/2015)
Ponente: WENCESLAO FRANCISCO OLEA GODOY

 Partiendo, como ya antes se dijo, que nuestra Ley de Asilo no contempla esa permanencia con la extensión que se recoge en la norma comunitaria, será ésta la que deba establecer el régimen de dicha permanencia.

Pues bien, como puede constatarse en dicha normativa, la situación en que se encuentra el solicitante de asilo mientras se decide sobre la legalidad de la denegación administrativa de la protección internacional, es una situación peculiar que en nada puede vincularse a la situación tan siquiera de estancia, sino que es una medida de mera tolerancia de permanecer en país de solicitud de asilo y con carácter de medida preventiva, es decir, está en función del procedimiento de revisión de la denegación, solamente.

Ya la propia Directiva define la situación en el artículo 2.p) como «la permanencia en el territorio, con inclusión de la frontera, o en las zonas de tránsito del Estado miembro en el que se ha formulado o se está examinando la solicitud de protección internacional.» Es decir, se pone de manifiesto la vinculación entre la permanencia y el examen de la solicitud. Pero cuando se deja patente esa finalidad medial entre permanencia y procedimiento de revisión es en el propio artículo 9 de la Directiva, que es precisamente el que reconoce el derecho de
permanencia, cuando declara en su párrafo primero que «Los solicitantes estarán autorizados a permanecer en el Estado miembro, únicamente a efectos del procedimiento, hasta que la autoridad decisoria haya dictado una resolución de conformidad con los procedimientos en primera instancia establecidos en el capítulo III.»

Pero por si cupiese alguna duda, pese a los claros términos del precepto, se declara en el mismo precepto y párrafo que » Ese derecho a permanecer no constituirá un derecho a obtener un permiso de residencia.»

Es decir, si no sirve esa permanencia para obtener el permiso de residencia no puede alterarse esa premisa por la vía de reconducir la adquisición de la residencia como consecuencia de la autorización para trabajar, porque se estaría vulnerando la regla esencial y primaria de dicha situación de permanencia, es decir, la de que con ella no puede accederse a la obtención de la residencia. Y que esa exclusión es aplicable en nuestro Derecho no puede ofrecer duda alguna porque, si los derechos reconocidos en las Directivas deben ser de aplicación preferente al silencio que guarda nuestro Derecho, lo que no puede pretenderse es que la aplicación de la norma comunitaria lo sea parcialmente, el derecho de permanencia, pero no los límites de dicho derecho en cuanto no permiten acceder a la residencia legal. No se trata de aplicar la Directiva en lo que beneficia y excluirla en lo que perjudica, porque la aplicación en lo que le beneficia ha de ser con las condiciones del derecho que se aplica preferentemente.

Con mayor claridad se aprecia la naturaleza de la permanencia del solicitante de asilo si integramos la normativa comunitaria, de aplicación directa por ser más beneficiosa, con la española. En efecto, la norma comunitaria determina el derecho de los solicitantes de asilo a permanecer en el país de solicitud de la protección internacional, mientras se revisa la resolución denegatoria de dicha protección, pero, obviamente,
deja al criterio de la norma interna de cada Estado la forma en que ha de garantizarse ese derecho. Pues bien, en nuestro Derecho, dada la discordancia entre ambas normas comunitaria y nacional, la única vía para hacer efectivo el derecho de permanencia no puede ser sino el de las medidas cautelares de nuestro sistema procesal contencioso-administrativo, como ya hemos declarado en la jurisprudencia antes mencionada.

Es decir, el derecho del solicitante de asilo en nuestro ordenamiento se hace efectivo, como hemos dicho, por la vía de la protección cautelar, en otras palabras, mediante la suspensión de los efectos de la resolución denegatoria del asilo que, como ya dijimos, el artículo 37 de la LRDAPS comporta la expulsión.

Pues bien, la propia naturaleza de las medidas cautelares, precisamente por su carácter medial o instrumental en cuanto están contempladas en función del proceso en tramitación, no puede suponer sino eso, dejar sin los efectos que serían propios de un acto administrativo sujeto a revisión. Es decir, no confiere más derecho que esa suspensión de efectos. En lógica consecuencia, no puede aducirse derecho alguno que tenga como presupuesto esa situación de mera suspensión de eficacia de la resolución denegatoria del asilo. En suma, esa suspensión puede dar lugar, por aplicación directa de las normas más favorables comunitarias a permanecer en España y a poder trabajar, pero como actos de mera tolerancia y protección, sin que dicha permanencia o trabajo puede tener eficacia alguna a los efectos de aplicar los sistemas ordinarios de la legislación en materia de extranjería para obtener la residencia legal por vías tan excepcionales como son las de arraigo.

No se correspondería con la naturaleza de medida cautelar y sería contrario al mandato claro de la Directiva, como ya vimos. Y en ese sentido ha de salirse al paso del argumento de reprochar a la Administración la deficiente tramitación de los procedimientos, que concurre en el caso de autos, porque esa situación de mera permanencia se extiende, conforme tenemos declarado, durante la tramitación de la impugnación de la denegación de asilo en sede jurisdiccional –la instancia y recurso de casación, en su caso–, de donde es fácil concluir que pocos supuestos –sin perjuicio de ser escandaloso el de autos– evitarían que los solicitantes

La conclusión de lo razonado es que, dando respuesta a la cuestión casacional suscitada, es que la situación de mera permanencia y trabajo en España a los solicitantes de asilo, que le fuera denegada dicha petición y la impugnasen en vía administrativa y jurisdiccional, no puede servir para adquirir la residencia por arraigo laboral. De ahí que deba declararse que no ha lugar al presente recurso de casación.